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Graves consecuencias por fumigaciones masivas en pobladores de Canindeyú, Paraguay

16 agosto, 2019
Condena de la ONU por intoxicación masiva causada por fumigaciones con fitosanitarios. hortoinfo.es. 14/08/19.- Es una acusación del Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado de Paraguay, como responsable de la intoxicación de personas, fuentes de agua, suelo y cultivos por las labores de fumigación masiva con productos agroquímicos, por lo que ha reclamado una investigación "efectiva y exhaustiva" e indemnizaciones para las víctimas.
Graves consecuencias por fumigaciones masivas en pobladores de Canindeyú, Paraguay
Fumigando un campo
(Sertox)
fumigacion soja 780El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha acusado este miércoles día 14 de agosto al Estado paraguayo de ser responsables de la intoxicación de personas, fuentes de agua, suelo y cultivos por las labores de fumigación masiva con productos agroquímicos, por lo que ha reclamado una investigación "efectiva y exhaustiva" e indemnizaciones para las víctimas, según señala dicho Comité en un comunicado.
Las víctimas son trabajadores rurales de una misma familia dedicados a la agricultura en el departamento de Canindeyú, una zona en la que ha aumentado el cultivo de semillas de soja modificadas genéticamente. Según el Comité, que agrupa a 18 expertos, las 
La contaminación se ha saldado, "por ahora", con la muerte de una persona y la intoxicación de otros 22 habitantes de la zona, ha advertido el grupo. Las víctimas sufrieron síntomas como "náuseas, mareos, dolores de cabeza, fiebre, dolor estomacal, vómito, diarrea, tos y lesiones en la piel".
Además, "contaminaron los recursos hídricos y acuíferos, impidiendo el uso de arroyos y causaron la pérdida de árboles frutales, la muerte de varios animales de cría, y la pérdida de cultivos", han señalado.
La Justicia ya ha responsabilizado al Ministerio de Ambiente y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas de permitir estos daños, por lo que entiende que "el Estado no ha cumplido con su obligación o deber de proteger los derechos constitucionales a la salud, a la integridad física y psíquica, a la calidad de vida, y a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado".
El Comité de Derechos Humanos ha lamentado que nunca se haya aplicado dicha decisión, en la que ambas instituciones fueron exhortadas a "proteger los recursos ambientales y garantizar que se cumpla la franja de protección entre la zona de aplicación de productos fitosanitarios de uso agrícola, los asentamientos humanos y el curso de las aguas".
Señalan que las fumigaciones han continuado sin ninguna medida de protección ambiental y los productores de las plantaciones de soja cercanas a las viviendas de las víctimas siguen aplicando "masivamente" agroquímicos sin licencias ambientales, ha denunciado el grupo de expertos.
Una muestra del agua del pozo doméstico de la vivienda evidencia la presencia de químicos prohibidos y, más de ocho años después de los hechos, "las investigaciones no han avanzado sustantivamente y no han permitido establecer responsabilidades penales ni reparar a las víctimas por los daños sufridos".
El Comité ha subrayado que existe una "relación innegable" entre la protección del medio ambiente y el respeto de los Derechos Humanos, y ha acusado a Paraguay de violar el derecho a la vida y el derecho a la vida privada, familiar y domicilio.
Entiende que el derecho a la vida "se refiere al derecho a disfrutar de una vida digna y a no ser objeto de acciones u omisiones que causen una muerte prematura o no natural".
Hélène Tigroudja, integrante del Comité, ha indicado que “es un dictamen histórico a favor del reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos".
"Alentamos profundamente a los Estados a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho de disfrutar de una vida digna frente a la contaminación ambiental", ha añadido.