Logo Sertox

Portal latinoamericano de toxicología

  • Español

Asbesto en los subterráneos porteños, en tiempos de COVID-19

17 agosto, 2020
Para el amianto no hay vacuna. Por Beto Pianelli. elcohetealaluna.com. 16/08/2020. La desidia del gobierno porteño con la exposición al asbesto en subtes, escuelas y hospitales. La noticia de la semana fue el anuncio del ingreso argentino en la recta final del camino hacia la vacuna para prevenir el Covid-19. La esperanza de los trabajadores que no pueden aislarse en el country o viajar a Europa porque tienen que trabajar todos los días, estalla en un júbilo por lo que significa para los mayores, los esenciales, por los amigos, los que tienen riesgos por otras enfermedades, por la familia, los vecinos y la humanidad toda. Quienes convivimos con el riesgo laboral cotidiano sabemos de qué se trata. En el subte, todo nos lleva a pensar en el amianto, nuestro amenazante compañero de ruta de todos los días. Lástima que para el amianto (o asbesto) no haya vacuna. Para los riesgos laborales no hay vacuna, la prevención debe ser primaria, es decir la ausencia del riesgo. El entramado de situaciones sociales y críticas cuestiones sanitarias que abruma a nuestra sociedad con la pandemia no nos puede hacer olvidar la lucha contra las fibras de asbesto. Es una situación que sacude a todo el colectivo de laburantes, nos llena de angustia. A toda la sociedad le pasa algo parecido, pero acá abajo (en el subte) es peor, porque tenemos que trabajar en un ambiente donde se desplazan miles de personas. Todos los días te preguntás por qué se mezcla tanto nuestra vida con amianto en el trabajo y la parodia de cuarentena con apertura de actividades de Larreta que vivimos promediando agosto. Se hace bastante duro ver las aglomeraciones, el riesgo latente del contagio. Todos los días te envenenás por el hecho de que en la ciudad más rica del país no se subsidie de manera extra a los trabajadores que no pueden realizar su actividad. Pero de eso el neoliberal Larreta no habla, así como oculta las cifras del colapso en salud y pretende estafar a los docentes con sus sueldos. Hace de la mentira una verdad. Un asesino silencioso Flotando en su encierro de talleres y túneles del subte, en las calderas de los viejos hospitales y escuelas, en los techos de chapa de fibrocemento de viejos galpones, en los tanques de agua de miles de unidades habitacionales de todos los barrios, el fibrocemento es ley. Y el amianto también es ley. El amianto produce fibrosis de pulmón y de pleura o cáncer. Lo más común son las placas pleurales, que es la respuesta del organismo ante la presencia del amianto, el engrosamiento pleural, enfermedad benigna que es la clara evidencia del amianto en los lugares de trabajo. Para quien quiera enterarse, por Resolución 823 del Ministerio de Salud de la Nación publicada en el Boletin Oficial el 31 de julio de 2001 se prohibió el uso de una parte del asbesto crisotilo a partir del 1° de octubre de ese año y el resto a partir del 1° de enero de 2003. Los anfiboles fueron prohibidos un año antes (Resol. 845/2000). Lo grave es que funcionarios de la Ciudad que deberían velar por la salud pública prefieran, por ejemplo, desmontar calderas entre gallos y media noche en los colegios, con licitaciones clandestinas durante las vacaciones para actuar con impunidad. Con ello pretenden no hacerse cargo del daño que pudo haber ocasionado el contacto eventual durante las decenas de años en que, sabiendo el peligro, advertidos del riesgo, se desentendieron. Quedará para el personal y los usuarios tal vez la sorpresa de mesoteliomas o cáncer, tal vez el engrosamiento de pleura de origen desconocido. ¿Que es el amianto (o asbesto)? El especialista más importante en asbesto de la Argentina, el doctor Eduardo Rodríguez, es egresado de la Facultad de Medicina de la UBA, especialista en Medicina del Trabajo. Fue Jefe del Programa Nacional de Salud del Trabajador y Coordinador de la Comisión Asesora del Asbesto Crisotilo del Ministerio de Salud Pública de la Nación de 1994 a 2016, bajo seis presidencias distintas. “El asbesto ha sido prohibido porque es peligroso para la salud. Es una sustancia comprobadamente cancerígena para el ser humano. No existe ningún nivel de exposición en el que sea seguro. No solo se han visto casos de enfermedades por asbesto en trabajadores que lo manipularon, sino también en familiares de esos trabajadores o personas que por vivir en contacto con productos de asbesto han desarrollado, con los años, cáncer. Y como tal es una función indelegable del Estado implementar las medidas necesarias para limitar el riesgo de enfermar o morir por esta causa”. Rodríguez no deja lugar a dudas con sus definiciones. El subte está plagado de enfermedad En el ámbito del subterráneo tenemos 85 trabajadores que han dado Covid positivo, de los cuales hay 51 compañeros que ya se recuperaron, y lamentablemente tenemos un compañero fallecido de la línea C. Y también nuestras estadísticas con el amianto son estremecedoras: al día de hoy producto de estudios multidisciplinarios estamos en condiciones de asegurar que el 60% de la planta actual de trabajadores (4.260) estuvo y está sufriendo exposición laboral directa, de este porcentaje al día de la fecha se les ha reconocido el riesgo al 64% (2550) y se ha auditado el 50% (1660) de los estudios médicos con la resultante de 27 compañeros con neumoconiosis por exposición al asbesto y otros minerales y 3 compañeros con cáncer de los cuales uno fue operado y se le extirpó un tumor encapsulado. La salud de los trabajadores es algo que los empleadores no consideran importante. Mantienen en constante tensión las relaciones laborales con una actitud de ocultamiento y abuso de autoridad que desarrolla una reacción contraria a la domesticación buscada. Da bronca que nos quieran tomar por tontos, mintiendo y negando lo evidente. En las sociedades democráticas modernas la libertad de los individuos, formalmente consagrada por las normas jurídicas del Estado, es un espejismo si no hay organización sindical. Es una realidad distorsionada por la existencia de funcionarios que creen que la forma dialogar entre pares que prestan un servicio público a la sociedad es la verticalidad. Macri y Larreta trajeron más amianto Como el coronavirus y la colonización española, una parte del amianto llegó a la Argentina desde Europa. En una extensa nota del diario El País sobre enfermedad y muerte en el Metro de Madrid, el dato está en la superficie: “El rastro del amianto de Madrid es largo. Tanto que llega hasta Argentina. Subterráneos de Buenos Aires, que gestiona el metro de la capital, también ha demandado a Metro (de Madrid) por el amianto. En este caso por la venta de varios trenes con el material (36 vagones del modelo 5.000 comprados por Mauricio Macri) realizada en 2011, más de diez años después de que el Gobierno de España prohibiera la “utilización, producción y comercialización” de fibras de amianto o elementos que las contuvieran”. “[El asbesto] No estaba ni siquiera encapsulado”, apunta el portavoz del sindicato de los trabajadores de Subte, Roberto Pianelli. Es decir, que no estaba recubierto ni tratado para eliminar su toxicidad. La nota señala los antecedentes que sirvieron para que pudiéramos confirmar lo que por intuición y largos estudios costeados por nuestro sindicato íbamos conociendo”. Primero lo negaron, luego lo escondieron No hay ningún plan de desasbestización en el subte. Es una vergüenza que hayan pasado tres años y ya vamos para cuatro de que se destapó todo esto y no haya todavía un plan para sacar del Subte el material. Todavía seguimos encontrando más lugares donde hay amianto, lugares donde era absolutamente previsible. En una nota dada por un funcionario de Sbase a la CNN, reconoció que ni siquiera habían leído los manuales que decían que los trenes comprados tenían amianto “porque hubiera sido muy complejo leer todo”. Lo hemos repetido hasta el cansancio: Sbase y Metrovías primero lo negaron, lo ocultaron, después demoraron, le dieron largas a un asunto que tenía un cariz sanitario de humanidad elemental. Lo único que hicieron fue un desamiantado parcial de la mitad de los trenes de la línea B. No los pelaron de amianto porque no se puede, les sacaron solo una parte. Hay zonas con amianto en los trenes que requieren un despiece imposible de realizar con cuidado sanitario adecuado. Hay repuestos del año del jopo que ya no se consiguen. Pese al compromiso de comprar una nueva flota, ni siquiera convocaron a una licitación internacional para esa inversión. No hay política de desasbestización Detrás de la cadena de mentiras para ocultar lo evidente está la sociedad del Estado bajo la responsabilidad directa de Horacio Rodríguez Larreta (como antes estaba bajo la órbita directa de Mauricio Macri). El sello de culpable por desidia y desinterés en la salud tiene nombre: Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). Metrovías, concesionaria desinteresada en la responsabilidad directa e indirecta que pueda caberle, mira para otro lado y solo actúa cuando la opinión pública se escandaliza por las barbaridades que se cometen, movilizada casi siempre por la acción gremial que promovemos para poner en alerta a usuarios y trabajadoras En la línea E se sigue trabajando con trenes Fiat y GEE que tienen asbesto. Y después en las instalaciones fijas, en las subusinas y bombas, ahí no se ha reemplazado nada. Ni siquiera hay un plan al respecto. Fuimos a la Justicia y la Justicia libró una cautelar Pensamos que de esa manera íbamos a poder avanzar, pero el gobierno de la Ciudad, Sbase y Metrovías (avalada por Larreta), han incumplido todas las cautelares. Así que nos hemos presentado nuevamente al juzgado denunciando que la cautelar no se está aplicando. Porque no solo no se está retirando el amianto, sino que ni siquiera se cumple con lo que esa cautelar dice acerca de entregar el listado de los trabajadores de los últimos 30 años en el Subte. Se frenaron los estudios médicos De los estudios a los trabajadores, solo se llegó a hacer la mitad. Entre ellos, los médicos han detectado 30 trabajadores con fibrosis pleural y dos trabajadores con cáncer. Como carecen de escrúpulos, están proponiéndole trabajar con amianto a personal bajo convenio o que no están afiliados a nuestro sindicato ofreciéndoles un mísero plus de dinero, una cosa absolutamente ilegal que también denunciamos. Todos estamos desesperados queriendo que vuelva la normalidad, pero hay que cambiar esa normalidad, eso es lo que hay que discutir. Porque esa normalidad es lo que estaba mal: no se puede trabajar en un lugar donde en los vestuarios y las salas de estar uno esté hacinado y apretado, con peligro de agarrarte un cáncer y tampoco se puede viajar hacinado en trenes donde no se cumplan los requerimientos mínimos de seguridad e higiene. Nosotros como sindicato no lo podemos dejar pasar y no vamos a permitir que nos vuelvan a exponer a condiciones de trabajo donde estemos en riesgo. El caso de los colegios El mismo proceder clandestino con ocultamiento intencionado tuvo la Ciudad con los colegios (los casos más conocidos son el del Lengüitas en Recoleta, y el primario Nº 8 del Barrio Catalinas Sur en La Boca). Los trabajadores de la educación se enteraron del retiro del mineral por los edictos de licitación pidiendo empresas para hacer el trabajo publicados los diarios Clarín y La Nación. Nunca antes se había informado a autoridades ni a los trabajadores y menos a la comunidad educativa de la presencia amenazante del mineral. Es una horrible actitud consciente de los gobernantes porteños para que no se puedan detectar secuelas (y no cargar con la responsabilidad) ante quienes pudieran haber estado en contacto con el material, sean docentes o estudiantes o personal de mantenimiento o de limpieza. Hospitales y edificios públicos La política de los hechos consumados a cualquier costo para la salud ha sido una constante. Con nombres archiconocidos, y repetidos: bajo el gobierno de Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno, María Eugenia Vidal, vicejefa, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete, Cristian Ritondo, presidente de la Legislatura, Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad y principal responsable de los acontecimientos, conocimos una muestra despiadada de esa política. Hubo una dura represión en 2013 en el predio del Hospital Borda para demoler los Talleres Protegidos, que estaban dentro de un amparo judicial para evitar daños a la salud de internos psiquiátricos, enfermeros, médicos, trabajadores en general y vecinos por gran cantidad de amianto en su construcción. El interés del negocio inmobiliario primó en los integrantes del gobierno municipal. El mismo proceder amenaza multiplicarse por la presencia de pacientes con patologías respiratorias previas, como los casos del Hospital Tornú o el María Ferrer, en ausencia de cuidados ante la volatilización de amianto. Hay mucho por hacer todavía.